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Opinión

Columna de Ricardo Quero: El Comité (Secreto) de Ministros

El día 02 de junio del 2021, el viernes que recién pasó, se sometió a votación el proyecto inmobiliario más grande de Chile, de 14.180 viviendas. El nombre formal de dicha iniciativa es “Desarrollo Urbano Habitacional Maratué de Puchuncaví”, para nosotros, simplemente “Maratúe”. 

Para entender qué significa esto, debemos recapitular. Este proyecto se sometió a evaluación ambiental en el año 2017, presentando un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Dicho proceso habilita una instancia de participación ciudadana, en la que la comunidad puede hacer observaciones al proyecto. Ahí fue cuando nació Salvemos Quirilluca, una organización cuyo objetivo es defender el último pulmón verde costero de la comuna de Puchuncaví, los acantilados de Quirilluca, sus ecosistemas y microcuenca hídrica.

Tenemos muchísimas razones para defender Quirilluca y dijimos frente a las cámaras de televisión que agotaríamos todas las instancias para evitar el proyecto inmobiliario y lograr declarar un Santuario de la Naturaleza, tal y como lo recomiendan expertos y universidades. Es por ello que judicializamos el proyecto justo después de que se aprobara su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Para obtener dicha aprobación los SEREMIS de la región, junto al intendente, lo sometieron a votación. En dicha sesión 4 representantes de la comunidad expusimos nuestros argumentos para que votaran en contra, en una sala que estaba llena de vecinos y vecinas de Puchuncaví. No importó nada, todos votaron a favor.

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Debido a la judicialización se abrió un nuevo proceso que duró dos años y qué culminó en la Convocatoria del Comité de Ministros del Gobierno, quienes tenían que someter a votación nuevamente dicho proyecto. Esta vez hubo una gran diferencia: la sesión era completamente confidencial. A pesar de nuestros esfuerzos solicitando poder asistir como público, se nos cerró la puerta frente a nuestras caras. 

Este país está pasando por grandes transformaciones, y creo que uno de los motivos de ello es que la sociedad chilena está exigiendo nuevos estándares valóricos y sensibilidad de las instituciones; y por supuesto exigimos lo mismo a quienes las presiden. La confidencialidad y el secretismo en la función pública es algo inaceptable y depreciable, sobre todo en actos en donde se requiere argumentar y someter a votación cualquier iniciativa, más aun si lo que origina dicho acto proviene del clamor popular, de la ciudadanía, de la acción democrática que se sustenta en el derecho que tenemos de participar y de proteger nuestro patrimonio natural y cultural.

Luego de lo que pasó vino una profunda decepción, pero también un darnos cuenta de que hace falta camino por recorrer y avanzar en nuestra institucionalidad, pero no es fácil. Existe un tratado a nivel internacional llamado “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, a la Participación Pública, y al Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. A este tratado se le conoce como “Acuerdo de Escazú”, ratificado por varias naciones y que el Gobierno de Chile se ha negado rotundamente a firmar. Viene a garantizar lo que se nos negó hace dos días.

Para terminar quiero decir que esto no ha terminado y que recurriremos al Tribunal Ambiental para buscar justicia, la justicia ambiental que nos han quitado durante décadas en Puchuncaví.  Viene un nuevo aire, trae una nueva Constitución, y nosotros tenemos más y mejores herramientas para defendernos. Somos una comunidad organizada que quiere y ama su tierra, que reconoce el valor e importancia del bosque y del agua. Por eso y mucho más, salvemos Quirilluca.

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