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Contraloría abre sumario por compras de cámaras a Carabineros durante gestión de Martorell, actual vocera de Sichel

Contexto.

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La Contraloría General de la República realizó una auditoría por una millonaria compra durante la gestión de la exsubsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell, hoy vocera del candidato Sebastián Sichel.

El ente fiscalizador, detectó irregularidades en una millonaria licitación para la adquisición de un sistema de cámaras corporales para Carabineros en 2020 y que fue visado por la entonces autoridad del Ministerio del Interior.

El caso es indagado actualmente por la Fiscalía Centro Norte tras una denuncia presentada en que se acusaba de irregularidades respecto a la empresa Motorola Solutions Chile quien fue la ganadora y se adjudicó un contrato por casi 400 millones de pesos. Los productos de dicha empresa no cumplían con los requisitos estipulados en las bases de la licitación.

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Tras revisar el proceso, los fiscalizadores determinaron enviar los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte ante hechos que podrían revestir carácter de delito.

La Contraloría detalla que la Subsecretaría de Prevención de Delito, liderada en ese entonces por Martorell, aceptó 5 ofertas presentadas en la licitación pública sobre “Adquisición de Sistema de Cámaras Corporales” y que la adjudicó a Motorola por una suma de $378.896.000. Los auditores cuestionaron que se aceptó su oferta pese a que la firma “ingresó en el portal de Mercado Público fuera del horario de recepción establecido″.

La propuesta de Motorola, según advierte el ente fiscalizador, “se estableció que las cámaras ofertadas por Motorola -Edesix VB-400- no disponían del mecanismo requerido de ‘post grabado’ a la data de adjudicación, esto es el 11 de marzo de 2020″, concluyendo que la comisión evaluadora le dio 100 puntos a Motorola por “presentar la totalidad de los antecedentes requeridas al momento de la apertura de la oferta”, pese que a la firma no había entregado el total de la documentación por lo que no le correspondía tal puntaje.

Los fiscalizadores sostienen que “se verificó que no existe evidencia que al momento de la entrega de las cámaras por parte de la empresa Motorola a la Subsecretaría, estos equipos hayan cumplido con todos los requisitos exigidos en las bases de estudio, en particular, respecto del citado mecanismo de ‘post recording de 120 segundos’. En virtud de lo cual la entidad fiscalizadora deberá recabar los antecedentes necesarios que le permitan certificar que las cámaras de video recibidas el 27 de abril de 2020 contaban con esa funcionalidad y en caso contrario determinar la eventual aplicación de multa”.

De esta manera se determinó “instruir un procedimiento disciplinario, con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas con las materias indicadas” y remitir los antecedentes al Ministerio Público.

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