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Convención Constitucional

Empresa dirigida por exmiembro de la Guardia de Pinochet será la encargada de la seguridad de la Convención Constitucional

Luis González Pérez, Gerente de Operaciones de INCAR Seguridad
Luis González Pérez, Gerente de Operaciones de INCAR Seguridad

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En un reportaje de Ciper, se dio cuenta sobre una licitación para dotar de seguridad a la Convención Constitucional, que fue obtenida por una empresa que es dirigida por un exmiembro de la Guardia del dictador Pinochet y del expresidente Aylwin.

La Secretaría Administrativa de la convención, cuyo jefe es Francisco Encina, confirmó que una de las licitaciones ya están adquiridas por INCAR Seguridad, tratándose de “Servicio de Vigilancia y Guardias de Seguridad”, cuyo costo es de 488 millones de pesos divididos en 10 meses, siendo de los más altos en la Convención, equivalente al presupuesto que hay para el ítem “participación ciudadana” que es 500 millones de pesos.

La empresa aludida señaló en la licitación, que a cargo de la seguridad del lugar estará Luis González Pérez, socio de la compañía y sargento (R) de Carabineros que integró el Grupo de Guardia Presidencial en los últimos años de la Dictadura de Augusto Pinochet, labor que continuó bajo el mandato de Patricio Aylwin y hasta el inicio del período de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

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De acuerdo al citado medio de investigación periodística, INCAR tiene 197 sanciones por incumplimientos laborales en los últimos 5 años por no pago de remuneraciones a sus trabajadores, por no otorgar descansos durante la jornada de trabajo, por no pagar asignaciones, por reducir el salario sin acuerdo entre las partes y por no otorgar el descanso de dos domingos al mes obligatorio por Ley.

En la investigación, Ciper consultó a Francisco Encina, si no se consideró evaluar a las empresas sobre los antecedentes históricos o laborales, a lo que el Secretario Ejecutivo de la Convención respondió que este tipo de preguntas le parecían “capciosas” y que su equipo se ajustó a la normativa técnica: “Nosotros asignamos los procesos respecto a lo que diga la normativa. Y los antecedentes de por qué se adjudica a una empresa o no están establecidos en las actas de licitación”.

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Los Constituyentes de la Región de Valparaíso reaccionaron a través de Twitter:

No fue la única polémica que se conoció durante las últimas horas en materia de la redacción de la nueva Constitución, también se dio cuenta que la operación del circuito cerrado de televisión para transmitir el trabajo de la convención, que fue adjudicado a Mediastream S.A. por 769 millones de pesos, dice en sus bases que “no se permite transmitir contenido que no haya sido expresamente autorizado por el Ministerio (Secretaría General de la Presidencia)”.

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A raíz de esto, varios Constituyentes advirtieron que revisarán estos y más contratos que pudiesen existir.

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